Meses atrás (y esto produce
cierto defasaje en el presente artículo respecto a las notas de
"actualidad", aunque no en relación a las implicancias de las
mismas), la prensa publicó la decisión por parte del Estado argentino de
restituir colecciones arqueológicas originarias del territorio peruano y
ecuatoriano. Las declaraciones oficiales destacaron la importancia de estas
acciones y criticaron el colonialismo de las “potencias que arrebatan el
patrimonio cultural de los pueblos”. Desde una escala local, sin embargo, es
posible apreciar que justamente son estas las relaciones que ha establecido el
Estado argentino con las comunidades en torno a los referentes arqueológicos,
desde el siglo XIX hasta la actualidad. Por medio de la noción de “patrimonio
arqueológico” el Estado se adueña de la materialidad producida por las
sociedades en el pasado, centralizando su gestión y restringiendo sus
significados. Amparado en su propiedad, se atribuye el poder de protegerlo y
socializarlo. Sin embargo, son las propias instituciones estatales las
principales causantes de su destrucción, al avalar actividades comerciales y
extractivas que avanzan sobre los territorios donde estos referentes se hallan
emplazados. A su vez, el Estado es quien ha impulsado los mayores expolios a
esta materialidad, que es retirada de sus territorios originarios en desmérito
de las comunidades con las que mantienen estrechos vínculos históricos y
cotidianos. Así, entre la protección y
la destrucción, el despojo y la restitución, el reconocimiento legal
contrapuesto a la violencia real, principalmente sobre las comunidades
indígenas, el Estado se observa como un sistema esquizofrénico, que a nivel
estructural tiende a reducir la diversidad cultural de los pueblos bajo su
control. En una palabra, al etnocidio. Se propone que impulsar la gestión y la
investigación de los referentes arqueológicos desde lo comunal, basadas en las
premisas del Municipalismo Libertario, pueden aportar tanto a una conservación
más integral de los mismos como también brindar herramientas significativas a
los movimientos sociales y comunidades que pugnan por la construcción de una
sociedad más libre e igualitaria.
Leonardo Faryluk
@lfaryluk
Trabajo presentado en el SOPA Congress 2015 llevado a cabo en noviembre de 2015 en Benito Juárez (Bs. As., Argentina)
Se
admite que el etnocidio es la supresión de las diferencias culturales juzgadas
inferiores y perniciosas, la puesta en marcha de un proceso de identificación,
un proyecto de reducción del otro a lo mismo […] La práctica etnocida y la
máquina del Estado funcionan de la misma manera y producen los mismos efectos:
ya sea como civilización occidental o como Estado, se descubre siempre la
voluntad de reducción de la diferencia y de la alteridad, el sentido y el gusto
por lo idéntico y lo Uno. […] ¿Qué contiene la civilización occidental que la
hace infinitamente más etnocida que cualquier otra forma de sociedad? Su
régimen de producción económico.
(Pierre
Clastres)[1]
De discursos
y de prácticas.
Entre los días 22 y 23 de
agosto del corriente año[2]
la prensa local e internacional publicó la decisión por parte del Estado
argentino de restituir más de 4000 piezas arqueológicas originarias del
territorio peruano y ecuatoriano, las cuales fueron decomisadas a
coleccionistas hace más de diez años debido a que las mismas habrían ingresado
al país ilegalmente, o sea, a través de mecanismos no institucionales. En un
acto realizado en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), en la ciudad de
Buenos Aires, la primera mandataria declaró "Es
un honor y un placer estar restituyendo su patrimonio cultural a países como
Ecuador y Perú.”[3],
agregando además que "Vivimos en un
mundo que se ha caracterizado por parte de las grandes potencias en arrebatar
el patrimonio cultural de los pueblos. Uno puede ver en los museos más
importantes del mundo pedazos de Grecia, de Siria, de Egipto, del Asia e
inclusive de nuestra América Latina y que no son restituidos"[4].
Destacó que esta labor fue llevada a cabo gracias al accionar de la Policía Federal , y
que se trata de un ejemplo a seguir, caso contrario, sería adecuado que los
Estados que se han apropiado de los “tesoros
culturales” de otros territorios, pagasen por ellos “una especie de royalty”.
No voy a cuestionar aquí
la pertinencia de esta acción puntual. Creo que la mayoría estaremos de acuerdo
respecto a que realizar la devolución de bienes de esta índole a sus lugares de
origen es lo más adecuado y ético, a la vez que observarán como una actitud profundamente
colonial la existencia de piezas del norte de África y Medio Oriente en el
Museo Británico, o la de colecciones Andinas acumuladas en instituciones
norteamericanas, por mencionar nada más que un par de ejemplos. Por otro lado,
millones de personas vieron con horror como los budas de Bāmiyān, en
Afganistán, eran dinamitados por los Talibán en 2001. También ha sido foco de
indignación la más reciente destrucción de piezas almacenadas en el Museo de la Civilización de Mosul
(en Irak), a manos de miembros de ISIS a inicios de este año. Sin dudas, las
instituciones estatales y las múltiples organizaciones internacionales que
vienen realizado infinidad de declaraciones respecto a la “protección del
patrimonio arqueológico” desde hace más de cincuenta años, acuerdan que estas
prácticas no pueden ser de ningún modo avaladas. Sin embargo, posicionándome en
el marco de una escala geográfica acotada, y teniendo en cuenta la relación que
ha establecido el Estado argentino con los referentes arqueológicos[5]
a lo largo del último siglo hasta la actualidad, me veo obligado a dudar de la franqueza
de tales planteos.
Estamos viviendo una
época en que el paradigma sobre la política y las instituciones democráticas
está cambiando. Como actores implicados en estas transformaciones, tornamos a
ser cada vez más conscientes de la necesidad de visualizar y cuestionar el
colonialismo interno[6]
al que somos sometidos bajo las estructuras del poder centralizado en los
territorios que habitamos. Los sistemas de tomas de decisiones se hallan
estructurados jerárquicamente, mediante relaciones institucionalizadas con una
direccionalidad de arriba hacia abajo y muy pocas posibilidades de disenso. Si
bien las manifestaciones de disconformidad ante el autoritarismo estatal y la
explotación capitalista se hacen cada vez más patentes – no las considero
emergentes, si no más evidentes, en parte gracias a la viralidad con que
circula la información a través de las redes sociales –, por un lado existe “un vasto aparato burocrático para la creación
y mantenimiento de la desesperanza, una especie de máquina gigante diseñada,
primero y principalmente, para destruir cualquier sentido de posible
alternativa futura”[7]
que nos prolonga en la inacción con un profundo sentimiento de fatalismo y
determinismo ante las formas en que nuestra sociedad se organiza; mientras que
por el otro, reprime con violencia – simbólica, económica, física – a quienes
intentan construir propuestas alternativas. Lo dicho no representa mayor
novedad para el pensamiento anarquista, sin embargo un panorama desde este
posicionamiento en torno a la problemática arqueológica y sus implicancias
sociales, pueden sernos de alguna utilidad. Para ello comentaré en las próximas
páginas, sin intención de realizar una crónica detallada de los mismos, una
serie de ejemplos que confío evidenciarán la esquizofrenia expresada en el
accionar de los entes estatales en relación a esta temática.
Protección
selectiva, destrucción masiva.
En textos anteriores me referí a cómo por medio de la noción de “patrimonio
arqueológico”, el Estado se adueña de la materialidad producida por las
sociedades en el pasado, centralizando su gestión y controlando sus usos y
significados. Al declararse propietario del mismo, construye mecanismos de validación
de la autoridad instaurando a los arqueólogos como únicos intermediarios entre
dicha materialidad y sus implicancias en el presente. Éstos, más o menos
concientemente, reproducen en su accionar y en el resultado de sus
investigaciones, las directrices políticas preponderantes.
Desde momentos tempranos,
la arqueología estuvo ligada a los intereses gubernamentales. En 1913, con
posterioridad a la apertura de los primeros museos nacionales, se sancionó la
ley 9080[8]
de protección del patrimonio arqueológico de este territorio. Dicha normativa
establecía que los restos arqueológicos – además de los paleontológicos –
considerados de interés científico, eran propiedad del Estado Nacional,
permitiendo su “uso” y “explotación” solamente a investigadores
autorizados por el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de la Nación. Teníala
Ley Nacional
Dada la magnitud de las
intervenciones y presencia del Estado en todos los ámbitos de la sociedad, es
éste el mayor agente de destrucción de los referentes arqueológicos.
Actividades como las grandes obras civiles (llevadas a cabo por sus propios
agentes), el rally Dakar y las explotaciones extractivas como la megaminería
(empresas de carácter privado, pero instauradas como políticas de Estado) son
los ejemplos más evidentes. Si bien se exige la ejecución de estudios de
impacto, la presencia de sitios arqueológicos es considerada un escollo, una
molestia para el progreso económico. En oposición, se tornan de gran
importancia cuando los mismos pueden redundar en beneficios a través del
turismo, sin por ello estar exentos de conflicto. En reiteradas ocasiones, en
mi carácter de estudiante de arqueología y ligado a empleos relativos a la
gestión cultural, me ha tocado escuchar de boca de funcionarios gubernamentales
expresiones tales como “Necesito que
traigan soluciones, no problemas”, “Tienen
que ponerse la camiseta del proyecto” o “No
importa si se rompe un sitio, hay muchos más”. Los propios empleados de
áreas tales como Vialidad – encargada de la creación y mantenimiento de rutas y
caminos –, cuyo trabajo se desarrolla en el terreno, suelen comentar que
regularmente afectan sitios arqueológicos, pero no dan aviso a los
especialistas porque hacerlo redunda en importantes retrasos en las obras,
responsabilidad que recaería sobre ellos. Los mismos arqueólogos que desempeñan
en áreas del gobierno responsables de la “protección del patrimonio”, aún teniendo
las mayores intenciones proteccionistas, se ven atados de manos al no disponer
de recursos para desarrollar cabalmente su trabajo y al estar sus funciones en
contradicción con el accionar de otras áreas del propio Estado.
El Rally Dakar, una
actividad que se supone bajo estricta vigilancia debido a su profunda afectación
sobre el paisaje, es la carrera internacional campo traviesa más exigente para
todo tipo de vehículos. Se realiza en Sudamérica desde el año 2009 atravesando
Argentina, Bolivia, Chile y Perú – aunque algunos de estos países no lo
recibieron en todas sus ediciones. Los beneficiados con tamaño espectáculo son
sin dudas, las grandes empresas que lo auspician y los burócratas gubernamentales
que consideran que un par de semanas de promoción del turismo pueden activar las
economías locales, pese a que su logística es solventada con fondos públicos.
Según los informes de varias organizaciones no gubernamentales chilenas, los
sitios arqueológicos dañados en ese país desde su primera edición hasta la
actualidad superan los 180, teniendo en cuenta que no todos los tramos del
recorrido pudieron ser inspeccionados. En Argentina, según declaraciones de la Dra. Norma Ratto para Scientific
American[10],
no se han realizado estudios de impacto previos al paso del rally, ni
inspecciones posteriores. No es descabellado, por tanto, imaginar una situación
similar a la mencionada para la vertiente pacífica de la cordillera.
A pocos días de iniciada
la competencia el mes de Enero pasado, el Colegio de Profesionales en
Arqueología de Tucumán (CPAT) publicó un comunicado rechazando el evento[11].
En él, enumeran una serie de denuncias que van desde los daños a personas
puntuales – como el choque sufrido por un Delegado Diaguita en el año 2014 –
hasta los comunitarios, además de los ambientales y arqueológicos. Con
aflicción, observan que los reiterados reclamos no han sido atendidos, y con
razón, ya que en el 2016, las hordas de camiones, motos, autos y cuadriciclos
volverán a surcar las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Santiago
del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy, para luego de transitar territorio
boliviano, reingresar nuevamente por Salta, Catamarca, La Rioja , San Juan, y otra vez
Córdoba y Santa Fe. La región andina es, dadas las características espaciales
de su materialidad arqueológica – superficial y de amplia cobertura – la más
afectada.
Sin embargo, el mayor factor
de destrucción de los referentes arqueológicos corresponde al crecimiento de
las áreas destinadas a la producción/extracción de recursos a gran escala. La
explotación minera a cielo abierto es sin dudas la más agresiva de estas
actividades. Su objetivo consiste en la obtención de minerales metalíferos
mediante la voladura de enormes volúmenes de material rocoso que posteriormente
es triturado y sometido a procesos físico-químicos de lixiviación donde la roca
molida es tratada con grandes cantidades de agua combinadas con sustancias
tóxicas tales como el mercurio, cianuro y ácido sulfúrico, para así lograr la
separación del mineral precioso de la roca estéril. Estos emprendimientos
abarcan miles de hectáreas, procesan 150.000 toneladas de roca diariamente, y
utilizan más de mil litros de agua por segundo a lo largo de todo el procedimiento[12].
Como indican Svampa y Sola Alvarez[13],
hacia el año 2010, la megaminería en Argentina afectaba de manera directa a
doce provincias. Propiciada a través de una serie de leyes promulgadas en la
década de 1990 durante el gobierno de Carlos Menem, las cuales instaban a una
obligada privatización de la actividad, fue luego profundizada durante la
gestión de Néstor Kirchner, continuando hasta la actualidad con Cristina
Fernández de Kirchner, y con seguridad, durante el gobierno de cualquiera de
sus potenciales sucesores.
El yacimiento Bajo La Alumbrera , en la
provincia de Catamarca, fue el primero en instalarse. Desde 1997 la empresa que
lo gestiona extrae oro y cobre, acumulando a lo largo del tiempo una larga
serie de violaciones a los derechos humanos, ambientales y destrucción de
referentes arqueológicos – en particular en relación a la instalación de un
tendido eléctrico. A menos de 100 kilómetros de ésta, comenzaron los trabajos
para la apertura de otra explotación de similares características, “Agua Rica”,
constituida en 1999, y emplazada en cercanías a la localidad de Andalgalá.
Desde sus inicios, los vecinos de la comunidad reunidos en asamblea rechazaron
el arribo de este proyecto, iniciando una serie de “caminatas” de resistencia
bajo el slogan “si a la vida” – las cuales ya han superado las 200 –, y el
bloqueo de caminos para impedir el acceso de vehículos de la empresa. El 15 de
Febrero de 2010 la policía y la infantería intentaron disolver la medida,
atacando a los asambleístas y realizando detenciones. Ante la acción represiva,
los habitantes de la comunidad destruyeron oficinas de la minera e incendiaron
el edificio municipal. En estas circunstancias, las actividades fueron
suspendidas, aunque al poco tiempo fueron retomadas. Actualmente se estima que
la explotación efectiva de este yacimiento comenzará el año 2018. Si bien esta
situación visibilizó la problemática a nivel nacional, con el transcurso de las
semanas, y sin cambios de actitud por parte de los Estados nacionales y
provinciales, la efervescencia mediática se fue disipando… Hasta hace unas
pocas semanas atrás.
La mina Veladero, ubicada
en la provincia de San Juan y propiedad de Barrick Gold, es causa de conflictos
desde 2002, cuando en base a estudios de impacto arqueológico de cuestionada
pertinencia fueron afectados profundamente una serie de sitios. Para cuando
estos informes fueron rechazados, el área ya había sido liberada, por lo cual,
en pos de salvaguardar lo que había subsistido al avance de la maquinaria,
debió implementarse una estrategia de rescate. Posteriormente la empresa volvió
a contratar para otras tareas al equipo de trabajo que había presentado el
informe original, demostrando que las actuaciones estaban supeditadas a los
intereses de la empresa y las entidades gubernamentales[14].
Hoy nuevamente Mina Veladero está en la mira de la opinión pública debido a que
entre el pasado 12 y 13 de Septiembre, un conducto de transporte de cianuro
sufrió la falla de una válvula en cercanías a la localidad de Jáchal.
Inmediatamente, los representantes de la empresa y del gobierno provincial
declararon: “la situación está
absolutamente controlada", "no hay contaminación en la cuenca del río
Jáchal”[15]
a pesar de que posteriormente reconocieron que
la cantidad de solución cianurada derramada fue de un millón de litros.
Los vecinos de la comunidad, testigos de la situación, comenzaron las medidas
de protesta de manera inmediata. Al día siguiente, Jaime Berjé, presidente de la Cámara Minera
Según un informe del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, hacia el
año 2010 estaban en funcionamiento “más
de 336 emprendimientos mineros, un crecimiento del 740% en relación a 2003” , la mitad dedicado
a la búsqueda de metales preciosos[18].
Prácticas
opuestas, idénticos objetivos.
Pascasio Moreno fue el
fundador y primer director del Museo de La Plata , inaugurado en el año 1888. Este señor
había realizado años antes, durante los sucesos del genocidio indígena conocido
como “Conquista del Desierto”, varios viajes por la Patagonia en calidad de
perito de límites encomendado por el Estado Nacional. El Grupo Universitario de
Investigación en Antropología Social (GUIAS), menciona algunos extractos de las
cartas remitidas a su padre en 1875:
“Hice abundante cosecha de esqueletos y cráneos en los cementerios de
los indígenas sometidos […] Aunque creo que no podré completar el número de
cráneos que yo deseaba, estoy seguro de que mañana tendré 70 […] Hoy remito por
la diligencia 17 en un cajón, los que harás recoger lo más pronto posible, pues
el agente de ella no sabe que clase de mercancías envío. En otra ocasión,
hubiera podido satisfacer mi deseo, pero hoy con los barullos de los indios, es
imposible”[19].
Estos restos, y los de
10.000 personas, forman parte de la colección del museo. Estamos hablando de
individuos fallecidos en el contexto de la mencionada contienda y de sus antepasados, y que oficialmente son
considerados restos arqueológicos.
Mientras la apropiación
de tierras en el sur del continente para su incorporación a la lógica mercantil
requirió el exterminio de un alto porcentaje de las poblaciones indígenas que
para el Estado eran un escollo, “inútiles” como mano de obra en el marco del
modelo productivo-extractivo que se estaba comenzando a imponer, en el noroeste
argentino éstas se declararon “extintas” desde la colonia española. La
materialidad que habían producido fue objeto de admiración debido a su exotismo,
por lo que merecían ser expuestas como bienes artísticos y curiosidad
científica. Así lo expresaba Salvador Debenedetti en 1917, cuando era director
del Museo Etnográfico de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional
“A fines de 1915, el presidente de la Universidad NacionalLa Plata ,
Dr. Joaquín V. González, recibía noticias precisas sobre ciertos hallazgos
arqueológicos realizados en Famatina […] a los efectos de determinar el
carácter y la importancia de los descubrimientos, la dirección de aquel
instituto dispuso mi inmediato traslado a la referida región […] Las series de
alfarerías, de objetos de hueso y de bronce, de útiles de piedra y de
petroglifos traídas durante esta misión ascienden a algunos centenares de
piezas y se encuentran entre las abundantes colecciones del Museo de La Plata ”. Refiriéndose a los antecedentes de la región comenta, “De las colecciones arqueológicas de La Rioja depositadas en museos
extranjeros conozco solamente algunos pocos ejemplares reunidos, en 1893, por
el Dr. Max Uhle. Éstos, conjuntamente con otras piezas que pertenecieron a la
colección del Dr. Ambrosetti, se encuentran en el Museum für Völkerkunde, de
Berlín” [20],
actualmente rebautizado Ethnologisches Museum.
Práctica cotidiana de los
arqueólogos hasta la actualidad – la de extraer materiales arqueológicos para
luego de estudiarlos guardarlos en depósitos distantes de sus lugares de origen
–, quizás el ejemplo más paradigmático para esta región corresponde a la
“Colección Muñiz Barreto”. Denominada así en honor a quien financiara las
expediciones arqueológicas a cargo de Vladimiro Weiser en la década de 1920,
realizadas en las provincias de Tucumán, Jujuy y Catamarca, y compuesta por más
de 12.000 piezas procedentes de unas 2.000 tumbas, actualmente está almacenada
y expuesta en el Museo de La Plata. Como
“La colección Muñiz Barreto es una muestra exhaustiva de una vasta
región cultural de nuestro país que, a su vez, también abarca un lapso temporal
de envergadura calculado en 2.500 años, en los que se desarrollaron diversas
culturas arqueológicas como las de Tafí, Ciénaga, Aguada, Belén y Santamaría” [21].
En el año 2007, tuve la
oportunidad de participar en calidad de colaborador adjunto ad honorem de la Dirección de
Antropología de la Provincia
de Catamarca, en tareas de rescate arqueológico llevadas a cabo en el predio de
la escuela de la localidad de Pozo de Piedra, en el Departamento Belén
(Catamarca), zona donde se extrajo al menos el 10 % de la colección mencionada.
Esta vez, la urna funeraria que había sido hallada al hundirse el suelo con el
paso de un camión, fue registrada pero permanece en la comunidad. Aprovechamos
para brindar una charla sobre las generalidades de la arqueología,
puntualizando en nuestra tarea y en la historia de la región. Hasta la
actualidad, permanece en mí una mezcla de orgullo y vergüenza en relación a lo
que nos expresaron algunos docentes: “Desde
siempre los arqueólogos vienen a llevarse cosas, ésta es la primera vez que alguien
nos cuenta que hacen con ellas”.
El reintegro de piezas
arqueológicas a sus territorios de origen, y de cuerpos humanos a las
comunidades indígenas de las cuales son antepasados, es aterradoramente
escueta. Respecto a estos últimos, fue hacia el año 1991 que se promulgó la
primera ley de restitución de restos mortales para un caso particular, los del
cacique Tehuelche Inakayal, efectivizándose su inhumación en la provincia de
Chubut el año 1994. En el 2000, mediante una normativa similar, se hizo entrega
del líder ranquel Mariano Rosas a la comunidad pampeana de Leubucó. Estos
reclamos impulsaron la sanción, al año siguiente, de la ley nacional 25517, cuyo
artículo primero establece que “Los
restos mortales de aborígenes, cualquiera fuera su característica étnica, que
formen parte de museos y/o colecciones públicas o privadas, deberán ser puestos
a disposición de los pueblos indígenas y/o comunidades de pertenencia que lo
reclamen”[22].
Con posterioridad, los pedidos de repatriación a museos y universidades se
potenciaron, efectivizándose algunos casos a países como Nueva Zelanda y
Paraguay, así como algunas restituciones y reentierros colectivos en la región
patagónica[23].
Sin embargo, no debemos olvidar, como mencionara antes, que el Museo de La Plata solamente, tiene en su
poder alrededor de 10.000 cuerpos provenientes de la actuación estatal en la
anexión de la Patagonia.
En cambio, en relación a
la restitución de objetos arqueológicos, no he podido registrar referencias,
aunque si reclamos tales como el realizado por la comunidad de Andalgalá, que
en Junio de 2014 inició los trámites para solicitar la devolución de la
“Colección Samuel Lafone Quevedo”, compuesta por 1264 piezas procedentes casi
en su totalidad del interior de la provincia de Catamarca[24],
y también obrante en el Museo de La
Plata a partir de 1906, cuando dicho investigador sucedió a
Moreno en la dirección de la institución. En Agosto de este año, se presentó a
través del Senado de la Nación ,
un petitorio para que el Poder Ejecutivo nacional realice las gestiones para
autorizar el depósito definitivo de la colección en el museo andalgalense[25].
Los resultados de esta acción, están aún por verse.
Reconocimiento
legal, violencia real.
Casi cuatro décadas
después del genocidio indígena en la Patagonia – específicamente el 19 de Junio de
1924 –, se produjo en el entonces Territorio Nacional del Chaco un hecho por
muchas décadas silenciado, la “Masacre de Napalpí”. Policías y Gendarmes
atacaron el campamento El Aguará, donde se hallaban casi mil integrantes de
comunidades Qom, Mocoví y campesinos oriundos de la provincia de Corrientes que
se encontraban ejerciendo un reclamo pacífico ante la explotación sufrida por
parte de los hacendados. Más de 200 personas fueron acribilladas mediante la
acción de fusiles mauser, rematadas a machetazos, y cercenadas para colectar
“trofeos de guerra”[26].
Nuevamente, como años atrás, la excusa fue la necesidad de asegurar el
“progreso” y el desarrollo económico del país por medio de actividades
agrícola-ganaderas. Nueve años después, el 9 de Septiembre de 1933, un hecho de características similares se
produjo en la localidad de El Zapallar, actualmente General San Martín en la
misma provincia. Esta vez, fueron asesinados por la policía alrededor de 70 Qom
y Mocovíes que se manifestaban solicitando alimentos en un contexto de hambruna
generalizada[27].
Años más tarde, en 1946,
partía desde la puna jujeña y con destino a la capital del país, un contingente
de miembros de la comunidad Kolla, popularizados en los medios de comunicación
como el “Malón de la Paz ”. Su objetivo era reclamar
ante el entonces presidente General Juan Domingo Perón por la devolución de
tierras comunales que les habían sido arrebatadas. Transitaron casi 2500 kilómetros en
ochenta y cuatro días, encaramados en carretas, mulas y a pie. El 3 de Agosto
arribaron a la Casa
de Gobierno, donde hicieron entrega de su petitorio al mandatario. Tras la
promesa esperada, la comitiva indígena fue alojada en el Hotel de los Inmigrantes.
Hacia el 8 de agosto la Cámara
de Diputados comenzó a tratar el asunto en sus sesiones. Mientras tanto, los
Kollas continuaban albergados en el hotel, que para su sorpresa estaba cada vez
más militarizado. Terminaron siendo confinados en sus habitaciones hasta la
madrugada del 28 de agosto, cuando fueron expulsados violentamente por
efectivos de la Policía Federal
En esa misma época, Perón
facilitaba el arribo al país de académicos afines al Eje. Entre ellos se
encontraban antropólogos y arqueólogos como Marcelo Bórmida y Oswald Menghin,
exponentes de la escuela Histórico Cultural de Viena, un marco interpretativo
que explicaba los cambios sociales mediante mecanismos de migración y difusión,
por medio de los cuales una cultura “superior” influenciaba a las demás,
“inferiores”, como meras receptoras pasivas de las características de las
primeras. Contaron la historia de los pueblos indígenas desde un
posicionamiento explícitamente racista que justificaba la marginalización, el
exterminio y el “recambio poblacional”.
En 1947, año en que
Bórmida iniciaba sus investigaciones en Argentina, se produjo otra masacre a
manos del Estado. Esta vez, los destinatarios de la violencia oficial fueron
los Pilagá. Los hechos ocurrieron en Rincón Bomba, paraje de la localidad de
Las Lomitas, actual provincia de Formosa. Episodio por mucho tiempo confuso,
actualmente se sabe que fueron asesinadas más de 500 personas por agentes de
Gendarmería Nacional entre el 10 y el 30 de octubre. A las víctimas se suman
alrededor de 200 desaparecidos y 50 fallecidos por intoxicación alimentaria,
desnutrición y nula atención médica. Hay quienes relatan que se trató de
personas que habían sido despedidas del ingenio azucarero San Martín del
Tabacal, ubicado en la provincia de Salta. Desempleados y sin tener a donde ir,
se habían congregado en la localidad formoseña para reclamar por mejores
condiciones de vida. Otros, dicen que el encuentro tuvo motivos religiosos. De
una u otra forma, desde el Estado se consideró la reunión como un levantamiento
y se ordenó la represión, que fue realizada con ametralladoras instaladas en
tierra y en aire. “Así ocurrió y así
acabó el último malón, el enfrentamiento parcial e incruento pero significativo,
de la lanza contra el avión, de la barbarie y la civilización”, dicen los
registros oficiales de la
Fuerza Aérea[29].
A lo largo de la historia
de la República
Argentina , la presencia indígena fue cuestión militar, y ello
estuvo consagrado en la misma Constitución Nacional: “Proveer a la seguridad de las fronteras; asegurar el trato pacífico
con los indios, promover la conversión de ellos al catolicismo”. Estas
palabras, correspondientes al Artículo 67, Inciso 15 fueron suprimidos recién
en el año 1994. En su lugar, la nueva carta magna establece en su Artículo 75:
“Reconocer la preexistencia étnica y
cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto y el
derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería
jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las
tierras que tradicionalmente ocupan […] Asegurar su participación en la gestión
referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan”.
Pero sancionar la preexistencia de comunidades indígenas, registrarlas y
admitir que tienen derecho a vivir en sus territorios y según sus prácticas
culturales es, como expresa Rivera Cusicanqui[30]
“…una reactivación del colonialismo
interno, que ha permitido a las elites […] escamotear las luchas indígenas y
reciclarse en su control sobre el aparato del Estado”. Así, según la
Ley Nacional
Pese al reconocimiento
legal de estos “derechos especiales”, la situación general de las comunidades
indígenas no ha sufrido cambios. La marginalización, el maltrato, la violencia
oficial y el despojo de sus recursos locales en pos del desarrollo capitalista continúan
sus embates.
El factor crítico
corresponde a la situación de posesión comunitaria de las tierras. Están por
cumplirse ocho meses desde que un grupo de delegados de comunidades Qom,
Pilagá, Wichi y Niclavé, de la provincia de Formosa, acampan en plena avenida 9
de Julio de la ciudad de Buenos Aires, nucleados en la agrupación QoPiWiNi[32].
Los pasacalles dicen “Presidenta, no se vaya sin recibirnos”, pero no reciben
respuesta. Realizaron un primer acampe el año 2010, luego de haber sido
desalojados de sus tierras por orden el gobierno provincial formoseño,
incidente en el que fallecieron dos miembros de la comunidad Potae Napocna
Navogoh (La Primavera ).
A causa de estos hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
exigió que el Estado tomase medidas cautelares para proteger a la comunidad. Extraña
medida, solicitar al agresor que proteja a sus víctimas. Del 2010 hasta ahora,
la situación ha empeorado: los desmontes para ampliar la producción sojera, las
explotaciones petrolíferas convencionales y mediante fracking, y los proyectos
de construcción de represas hidroeléctricas significan una enorme reducción de
sus territorios, y por ende la imposibilidad de acceder a los recursos
naturales que sustentan sus economías, repercutiendo de forma grave en aspectos
tales como la alimentación, salud y vivienda. La estrategia del Estado es, como
expresa la cita de Pierre Clastres al inicio de estas páginas, “la voluntad de reducción de la diferencia y
de la alteridad, el sentido y el gusto por lo idéntico y lo Uno” en pos del
avance capitalista. Lejos está de ser este el único conflicto de esta índole en
territorio argentino. Amnistía Internacional lleva registrados hasta el momento
183 casos en los que comunidades indígenas reclaman por sus derechos frente a
gobiernos y empresas, las cuales hacen caso omiso a las normativas vigentes[33].
Entre tantas, destacan las luchas territoriales de la Comunidad India
Posibilidades
desde el Municipalismo Libertario.
Los ejemplos esbozados en
las páginas anteriores son apenas una pequeña muestra de las múltiples
relaciones de conflicto presentes en torno al Estado, las comunidades locales y
los referentes arqueológicos. Mientras que en algunos casos estos referentes
constituyen el nudo gordiando de la problemática, en otros, son un hilo más que
atraviesa la trama de complejas luchas sociales cuyos objetivos principales están
orientados a la defensa de los recursos naturales y el equilibrio ambiental, la
autonomía de los pueblos y el rechazo a las relaciones de producción
capitalistas. Así, es posible identificar al menos dos enfoques respecto al
impacto negativo que representan las intervenciones estatales. La primera,
remite a la destrucción de la materialidad arqueológica en si misma, aspecto
que los arqueólogos y gestores culturales más militantes del conservacionismo
no tendrán dificultad en observar. La segunda, y en mi opinión la más grave,
tiene que ver con la constitución del “patrimonio” como un aparato coercitivo
del pasado, ya que restringe sus significados y atribuye formas específicas de
relación entre lo arqueológico y los agentes sociales, permitiéndose así el
Estado intervenir sobre paisajes y comunidades locales amparado en la autoridad
que le confiere la legislación. Esto no significa que el Estado no adopte
políticas de gestión positivas en determinadas circunstancias. Sin embargo, los
conflictos internos y los intereses contrapuestos configuran comportamientos
institucionales que se observan esquizofrénicos, contradictorios e incoherentes,
y que a nivel estructural tienden a reducir la diversidad cultural a idea homogénea
de “identidad nacional”. En una palabra, al etnocidio. En última instancia, el
Estado en su totalidad, actúa como aquellos individuos violentos que luego de
golpear piden perdón y buscan compensar el daño infligido. Este accionar no
tiene otra función que la de reafirmar el control y la autoridad sobre la víctima.
¿Es posible entonces, ante
tal panorama, romper con las relaciones de dominación relativas a la gestión de
los referentes arqueológicos? Y sobre todo, ¿Puede la arqueología significar un
aporte a los movimientos sociales y comunidades locales que pugnan por la
construcción de relaciones sociales más democráticas, igualitarias y no
coercitivas? Personalmente confío en que la respuesta es afirmativa, y que un
camino viable en este sentido puede sentar sus bases en las propuestas del
Municipalismo Libertario de Murray Bookchin.
Historiador, académico, activista
y actualmente conocido por su profunda influencia en la revolución del pueblo
kurdo, Murray Bookchin (1921-2006), se implicó en colectivos comunistas desde
su juventud. Sin embargo, luego del pacto entre Hitler y Stalin en 1939, fue
expulsado por sus ideas trotskistas. Hacia fines de la década de 1940, su
pensamiento decantó hacia el anarquismo, tras realizar profundas críticas al
movimiento marxista tradicional. Continuando la línea de pensamiento inaugurada
por Piotr Kropotkin respecto a las relaciones de cooperación en la naturaleza y
las comunidades humanas, entre 1982 y 1984 publica dos de sus obras más
importantes: “La Ecología
de la Libertad :
La emergencia y la disolución de las jerarquías”[34]
y “Seis Tesis sobre Municipalismo Libertario”[35].
Para Bookchin, a lo largo
de la historia humana tanto la teoría como la práctica social radical se han
desarrollado en dos ámbitos principales, el espacio de trabajo y la comunidad.
Con la aparición del Estado-Nación moderno y el avance del capitalismo, las
relaciones económicas de tipo mercantil fueron adquiriendo mayor peso que las
relaciones comunitarias. Es en éstas últimas en las cuales su trabajo hace
foco, ya que considera que son las comunidades – allí donde los sujetos se
hallan personalmente interrelacionados a través del parentesco, mutuamente
referenciados a partir de una red de relaciones sociales constituida por
vínculos históricos y con un bajo nivel de anonimato – quienes tienen el mayor
potencial de transformación social al estar en condiciones de desarrollar
prácticas de democracia directa, basadas en el principio ético antijerárquico
de unidad de la diversidad, autogestión, complementariedad y apoyo mutuo. En
estos espacios, la relación entre las personas y los referentes arqueológicos
es cotidiana, anclada en experiencias biográficas y colectivamente constituida.
Por ello, la discusión sobre sus significados y usos sociales a nivel local,
puede servir como puerta de entrada para la configuración de un cuerpo político
basado en la idea del debate, búsqueda de consensos, participación igualitaria
y libertad de expresión orientados a formular las premisas sobre las cuales
construir una sociedad más justa y simétrica, apoyándose en experiencias pretéritas.
A pesar del interés del Estado por restringir los significados del pasado, estos
no pueden ser absorbidos en su totalidad, convirtiéndose así en un espacio de
resistencia. Y es aquí un punto en el que la arqueología puede realizar aportes
significativos.
Para ello, se hace
necesario deconstruir, en primer lugar, la relación de la arqueología y los
arqueólogos con los espacios de poder y autoridad. Por una parte, se deben cuestionar
los relatos que justifican nacionalismos y colonialismos, que sustentan al
Estado como forma de organización política superior, que observan en la
explotación de los recursos naturales un exitoso mecanismo de adaptación, o que
validan a la violencia y el crecimiento de las desigualdades sociales como
motores del cambio social. Por otro lado, si las inquietudes no surgen desde el
seno de las comunidades, o la información no está a su alcance como una
herramienta de libre acceso, poca será su utilidad[36].
Muchos investigadores se han planteado la necesidad de una colaboración mutua
entre la arqueología y los movimientos sociales – particularmente las
comunidades indígenas – pero jamás han logrado romper con el paradigma estatal
y la actitud paternalista. La colaboración alcanzada, en el mejor de los casos,
es indirecta o causal de pequeñas reformas. Para contrarrestar esta situación,
los arqueólogos deben exponerse, participar de forma integral en los espacios
de construcción de nuevas realidades sociales, deben necesariamente formar
parte de las comunidades en las cuales su trabajo se desarrolla. De esta
manera, es posible lograr un mayor alcance de los resultados de las
investigaciones arqueológicas y un uso de las mismas orientado a dar respuestas
a problemáticas localmente formuladas.
La arqueología es una
disciplina que puede permitirnos visualizar pautas de organización política, técnicas
de gestión de los recursos y formas de relacionarnos con el entorno,
radicalmente diferentes a las que tenemos naturalizados en el sistema estatal y
capitalista. Enriquecido con las propuestas libertarias contemporáneas y el
análisis crítico es posible, como dice Bookchin, “traer el pasado al servicio del presente en una forma creativa e
innovadora”. Evocar prácticas históricas para legitimar peticiones en el
presente tiene un gran potencial para construir políticas de amplia
participación orientadas a hacer frente al despojo del colonialismo moderno. A
su vez, como señala Theresa Kintz[37],
enfocar las preguntas de la arqueología a los efectos de la explotación de los
recursos, los resultados del incremento de la estratificación social y los
conflictos desatados como consecuencia de la escasez, pueden proveernos de
conclusiones muy diferentes respecto al futuro a las brindadas por las agendas
políticas pro-desarrollo de las mega corporaciones globales.
Pensar en los referentes arqueológicos desde la
perspectiva del municipalismo libertario, donde cada comunidad resuelve cuales
son las formas más apropiadas para gestionarlos en base a sus circunstancias,
características y problemáticas locales, potenciándose por medio de la
asociación a otras comunidades con perspectivas afines para ir tejiendo así redes
confederadas de abajo hacia arriba, es una estrategia posible para hacer frente
al etnocidio que significa su administración por parte del Estado centralizado.
Por lo
general, al cuestionarse cualquier creencia generalizada – en este caso que el
Estado protege los referentes arqueológicos, reconoce su importancia social,
estimula la diversidad de relaciones con los mismos y por tanto es quien debe
gestionarlo – se tiende a exigir la presentación de un modelo detallado del
funcionamiento de la propuesta alternativa en el que se establezcan reglas y
pasos a seguir hasta su implementación. Alejado de estas ideas, Bakunin
observaba que determinar una forma concreta, única y coercitiva para el
desarrollo y la organización de las comunidades es una empresa que atenta
contra la riqueza y espontaneidad de la vida, la diversidad y el principio
mismo de libertad[38].
[1]
Clastres, P. (2001 [1974]) “Sobre el Etnocidio”. En: Estudios de Antropología
Política. Editorial Gedisa, España.
[2] Estoy escribiendo estas páginas
en el mes de septiembre de 2015.
[3] www.bbc.com/mundo/noticias/2015/08/150822_cultura_argentina_regreso_artefactos_ecuador_peru_ng
[4] www.martinoticias.com/content/argentina-devuelve-piezas-arte-peru-ecuador/102730.html
[5] Faryluk, L. (2015a) “Pasado,
Propiedad y Poder: Crítica desde una Arqueología Anarquista a la construcción
Estatal y Académica del Patrimonio Arqueológico en Argentina. En: La Descommunal N
[6] Sigo
aquí a Silvia Rivera Cusicanqui, quien expresa que “La normativa legal, tanto
penal como civil, así como la formulación de leyes y reglamentos del manejo de
lo público, han sido hasta ahora monopolio de elites eurocéntricas herederas
del Estado colonial. A este entramado de saber-poder lo he llamado colonialismo
interno”. Rivera Cusicanqui (2008) “Gestión Pública Intercultural. Pueblos
Originarios y Estado”. Azul Editores. Servicio Nacional de Administración de
Personal (SNAP). Bolivia.
[7] Graeber, D. (2009) “Hope in
Common”. Publicado originalmente en Adbusters 82, Vol. 17, Nº 2, bajo el
título “Tactical Briefing”.
[8] http://www.loa.org.ar/legNormaDetalle.aspx?id=2988
[9] http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/85000-89999/86356/norma.htm
[10] http://www.scientificamerican.com/espanol/noticias/la-otra-cara-del-rally-dakar-la-destruccion-de-patrimonio/
[11] Comunicado del Colegio de
Profesionales en Arqueología de Tucumán, con fecha 06 de Enero de 2015.
[12] Colectivo Sumaj Kawsay (2013)
“Minería Trasnacional: Violación de Derechos-Territorios y nuevas resistencias
emancipadoras”. Proyecto desarrollado por la
ONG Be.Pe.la Unión Europea.
[13] Svampa, M. y M. Sola
Alvarez (2010) “Modelo minero, resistencias sociales y estilos de desarrollo:
los marcos de la discusión en Argentina”. En: Ecuador Debate.
[14]
Jofré, I., Galimberti, M. y S. Biasatti (2010) “Contra-Informe de los Estudios
y Evaluaciones de Impactos Arqueológicos de Proyectos Mega-mineros ubicados en
el Departamento Iglesia, Provincia de San Juan, República Argentina”. En: El
Regreso de los muertos y las promesas del oro: Patrimonio arqueológico en
conflicto. Jofré (coord.). Colección Con-Textos Humanos, Serie Inter/Cultura:
Memoria+Patrimonio. Encuentro Grupo Editor. Córboba.
[15] http://www.primerafuente.com.ar/noticias/60725/alarma-san-juan-cano-cianuro-minera-se-rompio-cerca-pueblo
[16] http://diariomovil.com.ar/2015/09/14/el-cianuro-esta-tan-diluido-en-el-agua-que-podes-tomar-medio-vaso-y-no-te-va-a-hacer-nada/#.Vfd921a1M9Q.facebook
[17] http://www.telam.com.ar/notas/201509/121206-veladero-mina-suspension.html
[18]
Dirección de Oferta Exportable. Dirección General de Estrategias de Comercio
Exterior. Subsecretaría de Comercio Internacional (2010) “Informe Sectorial.
Sector Minería”. http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/estrategias/Informe%20Sectorial%20de%20Mineria.pdf
[19] Pepe, F., Añon Suárez, M. y P.
Harrison (2008) “Identificación y restitución: Colecciones de restos humanos en
el Museo de La Plata ”.
www.grupoguias.blogspot.com
[20] Debenedetti, S. (1917) “Los yacimientos
arqueológicos occidentales del valle de Famatina (provincia de La Rioja )”. En: Physis (Revista
de la Sociedad
Argentina de Ciencias Naturales), t. 3. Buenos Aires.
[21] http://www.unlp.edu.ar/articulo/2014/3/10/exhibicion_de_la_coleccion_muniz_barreto_en_el_museo
[22] http://www.sdh.gba.gov.ar/comunicacion/normativanacyprov/pueblosoriginarios/nacional/nac_ley25517.pdf
[23]
Endere, M. (2015) “Recaudos legales y éticos aplicables a los profesionales que
trabajan con el patrimonio arqueológico y bioantropológico”. En: Temas de
Patrimonio Cultural. Endere, Chaparro y Mariano (Eds.). Buenos Aires.
[24] http://catamarcanoticias.com/2014/06/09/el-concejo-deliberante-de-andalgala-aprobo-por-unanimidad-el-proyecto-para-que-el-ejecutivo-inicie-los-tramites/
[25] http://www.elancasti.com.ar/info-gral/2015/9/23/senado-nacion-solicita-restitucion-coleccion-arqueologica-andalgala-273988.html
[26] http://www.elortiba.org/napalpi.html#La_masacre_indígena_de_Napalpí_
[27] http://www.chacodiapordia.com/interes-general/noticia/90313/hoy-dia-de-duelo-por-la-masacre-de-el-zapallar
[28] Valko,
M. (2007) “Los indios invisibles del Malón de Paz. De la apoteosis al
confinamiento, secuestro y destierro”. Ediciones Madres de Plaza de Mayo,
Buenos Aires.
[29] http://www.elortiba.org/bomba.html
y documental “Octubre Pilagá”: https://www.youtube.com/watch?v=_-RrW15G2kI
[30] Rivera Cusicanqui, S. (2008) “Violencia
e Interculturalidad. Paradojas de la etnicidad en la Bolivia de hoy”.
[31] http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/23790/texact.htm
[32]
Página web: http://qopiwini.com/ y página de
Facebook: https://www.facebook.com/qopiwini
[34]
Bookchin, M. (1999 [1982]) “La
Ecología de la
Libertad : La emergencia y la disolución de las jerarquías”. Madre Tierra. España.
[35]
Bookchin, M. (2008 [1984]) “Seis Tesis sobre Municipalismo Libertario”. En: La Utopía es Posible:
Experiencias conteporáneas. Colección Utopía Libertaria, Ed. Libros de Anarres.
Buenos Aires.
[36] Faryluk, L. (2015)
“Arqueología Anarquista: Entre un estado de la cuestión y un manifiesto
individual (En contra del individualismo)”. En: Erosión, Revista de Pensamiento
Anarquista Nº 5. Chile.
[37] Kintz, T. (2010) Radical
Archaeology as Dissent. En: The Anarchist Library
http://theanarchistlibrary.org/
[38] Bakunin, M. (2006 [1965] La Libertad. Obras
escogidas de Bakunin. Editorial Agebe, Argentina.
